Detención provisional con fines de extradición conforme al tratado con Estados Unidos

Entre las personas reclamadas están el gobernador con licencia de Sinaloa, Rocha Moya, y el senador Inzunza, a quienes las investigaciones de Estados Unidos vinculan con el crimen organizado. El Gobierno federal respondió públicamente que exigiría "pruebas contundentes e irrefutables" antes de proceder.

El artículo 11 del tratado no exige pruebas para la detención provisional, y el obstáculo jurídico que sí existe es la declaración de procedencia que el artículo 111 de la Constitución exige respecto de los servidores públicos en funciones.

Etapas del procedimiento de extradición

El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado en 1978 y reformado en 1997, distingue la detención provisional de la solicitud formal de extradición.

La detención provisional con fines de extradición, regulada en el artículo 11, es una medida urgente que impide que la persona reclamada se sustraiga mientras se integra el expediente formal. Para solicitarla, el Estado requirente describe el delito, identifica a la persona, declara la existencia de una orden de aprehensión y se compromete a presentar la solicitud formal, sin que el artículo le exija aportar pruebas.

La solicitud formal de extradición se presenta después y requiere la documentación completa, que incluye la orden de aprehensión, la descripción de los hechos y los elementos que sostienen la imputación conforme al tratado.

El procedimiento de extradición determina si una persona debe ser entregada a otro Estado para ser juzgada en él, y la valoración de su responsabilidad corresponde al juicio. Por esa razón el tratado no exige pruebas en la etapa provisional, y México no ha exigido ese estándar en solicitudes anteriores.

Declaración de procedencia

El artículo 111 de la Constitución exige que, para proceder penalmente contra determinados servidores públicos, entre ellos senadores y gobernadores, la Cámara de Diputados emita previamente una declaración de procedencia. Sin esa declaración no puede ejecutarse la detención de quien está en funciones.

Este requisito tiene rango constitucional y debe distinguirse del argumento probatorio, con el que se ha presentado de manera conjunta en la discusión pública.

La protección constitucional está vinculada al ejercicio del cargo. Quien se separa de él mediante licencia deja de estar protegido y puede ser citado a comparecer, mientras que respecto de quien permanece en funciones la declaración de procedencia es un requisito previo.

Extradiciones concedidas anteriormente

Durante la presente administración México ha concedido extradiciones a Estados Unidos sin que se planteara públicamente el estándar de "pruebas contundentes e irrefutables" ni se cuestionara el contenido del artículo 11. Las solicitudes se tramitaron y las personas fueron entregadas.

El marco jurídico aplicable a aquellas solicitudes es el mismo que rige la presente, cuya diferencia está en el cargo de las personas reclamadas.

Vías del procedimiento

Si se solicita la declaración de procedencia respecto del senador, la Cámara de Diputados resuelve si retira la protección constitucional, y si la niega, el procedimiento se suspende en México. El Estado requirente puede insistir por la vía diplomática, pero el tratado reconoce a México la facultad de resolver sobre la entrega de sus nacionales.

Respecto del gobernador con licencia, la solicitud puede tramitarse sin intervención del Congreso, y una negativa a tramitarla requeriría un fundamento jurídico que hasta ahora no se ha expuesto.

El procedimiento durará meses, y para seguirlo conviene distinguir, en cada actuación, lo que disponen el tratado y la Constitución de las posiciones públicas que se expresen sobre ellos.