Reglas de financiamiento y propaganda para candidaturas en la elección judicial

Las mismas reglas rigen los procesos siguientes, incluidos los de las entidades federativas que celebren elecciones judiciales locales. Las candidaturas no reciben financiamiento público ni privado y sólo pueden autofinanciarse dentro de un tope por cargo, de modo que conviene conocer esos límites antes de aceptar una postulación.

Cargos sujetos a elección

• Nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
• Cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial
• Dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
• Tres magistraturas en cada una de las cinco Salas Regionales
• Magistraturas de circuito y juzgados de distrito determinados por insaculación

Se eligen además las judicaturas locales de las entidades que decidieron celebrar su elección de forma concurrente.

Financiamiento de las candidaturas

Las candidaturas no pueden recibir financiamiento público ni privado y sólo pueden autofinanciarse, con un tope de gastos que depende del cargo. No cuentan con la estructura de un partido ni con acceso a tiempos de radio y televisión como las candidaturas de elección popular ordinaria.

La ley limita las actividades de campaña a las siguientes.

• Participación en foros informativos
• Entrevistas en medios
• Debates, siempre que acuda al menos la mitad de las demás candidaturas
• Volanteo personal
• Publicación de propaganda en redes sociales, sin pago para ampliar su alcance

Con esas reglas, la notoriedad previa y la capacidad propia de difusión de cada candidatura tienen un peso mayor que en las elecciones ordinarias. Un gasto sin comprobante o una publicación pagada en redes sociales constituyen faltas que pueden afectar a la candidatura.

Restricciones a la difusión institucional

La normativa prohíbe a los tres órdenes de gobierno y a las personas servidoras públicas promover la elección con recursos públicos, con el fin de preservar la equidad en la contienda. Algunos órganos del Estado han sostenido que informar sobre la elección no equivale a promoverla.

La distinción entre difundir el proceso y promover la participación en él se ha resuelto caso por caso en impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los criterios que fije el Tribunal determinarán cuánta información institucional acompaña a cada elección judicial.

Organización del proceso de 2025

El Instituto Nacional Electoral organiza el proceso de 2025 con un presupuesto menor al que solicitó, y la reducción alcanza al número de casillas, a las mesas directivas y al material electoral.

Con menos casillas y menos personal capacitado aumenta la probabilidad de incidencias durante la jornada, que son la base de las impugnaciones posteriores. Por esa razón cada candidatura debe definir desde antes cómo documentará lo que ocurra en las casillas.

Procesos electorales siguientes

Las reglas de financiamiento, de propaganda y de fiscalización se repiten en los procesos siguientes, aunque cambien las entidades y los cargos.

Las carencias que la reforma buscó atender existen, y es dudoso que el mecanismo de elección las resuelva por sí solo, pero esa discusión corresponde al debate público. A quien asesora una candidatura le corresponde explicar, antes de la postulación, los límites que impone la ley y lo que se necesita para cumplirlos.